ACCIONE DE INCONSTITUCIONALIDAD
ACCIONES
DE INCONSTITUCIONALIDAD.
La fracción II del
artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé
la figura de la acción de inconstitucionalidad. En conjunto con el juicio de
amparo y la controversia constitucional, la acción de inconstitucionalidad es
un medio de control constitucional del régimen jurídico mexicano, a diferencia del
primero la acción de inconstitucionalidad es un control abstracto de
constitucionalidad.
La acción de
inconstitucionalidad tiene por objeto determinar si una disposición de
legislación ordinaria, ya sea federal o local, es contraria a alguna disposición
constitucional.
A diferencia del juicio
de amparo, la acción de inconstitucionalidad únicamente puede ser promovida
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por órganos del Estado (con
excepción de partidos políticos, los cuales no son órganos del Estado).
Específicamente, la acción de inconstitucionalidad puede ser promovida por:
- El 33% de los Diputados integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de leyes federales o leyes emitidas por el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal;
- El 33% de los Senadores respecto de leyes federales o leyes emitidas por el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal, así como de tratados internacionales;
- El 33% de los Diputados locales respecto de leyes emitidas por las legislaturas estatales;
- El 33% de los Diputados integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, respecto de leyes emitidas por la propia Asamblea;
- El Procurador General de la República en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como respecto de tratados internacionales;
- Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral en contra de leyes federales en materia electoral;
- Los partidos políticos con registro ante algún Instituto Electoral Estatal en contra de leyes en materia electoral emitidas en el Estado en el que tienen registro (vean la contradicción expresada en el primer párrafo)
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en contra de leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución. Asimismo los organismos de protección de los derechos humanos equivalentes en los estados de la República, en contra de leyes expedidas por las legislaturas locales y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en contra de leyes emitidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
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